Josep Rovira

Entrevista realizada por Equipo Ulises.
BCN, 2024

Conocimos a Josep Rovira a finales del siglo pasado (¡hay que ver cómo suena esto!), cuando en Girona se celebró un evento sobre música y drogas, o algo así. Juan Carlos Usó y Xavi Vidal acudieron acompañando a Fernando Pardo que intervino junto a Olvido Gara (Alaska) y Gerard Quintana (cantante de Sopa de cabra) entre otros. Al finalizar las charlas, Usó y Xavi se dedicaron a husmear entre las paraditas informativas de diversos colectivos que estaban instaladas en el recinto, si la memoria no les falla. Allí les llamó la atención un puesto muy colorista con el nombre de Energy Control. Y allí se dio el primer contacto entre la revista Ulises y Energy Control, con Josep Rovira al frente.

Tras ese primer encuentro, el colectivo Ulises y Energy vienen manteniendo estrechas relaciones, colaborando juntos en varias fiestas rave celebradas en Cataluña, como Tekgnosis 2001, en un balneario abandonado a los pies de la montaña de Montserrat…

Dicho esto, saludamos y charlamos con Josep Rovira, fundador de Energy Control

…………………………………..

Energy Control se fundó en 1997 y tú fuiste el artífice. Cuéntanos qué te llevó a crearlo, Josep.

Desde inicios de los años 90 venía trabajando en servicios de atención de consumos problemáticos de drogas. Ya de antes, tenía una visión crítica de las políticas de drogas, y en concreto de ciertos modelos preventivos y de atención desarrollados en los años 80.

Cuando llegaron demandas de información por parte de jóvenes a un servicio dónde trabajaba por desajustes que padecían por uso recreativo, en algunas ocasiones problemas graves. Mi interés fue asegurar una atención ajustada a su realidad y necesidades e iniciar junto a ellos y ellas un proceso participado de reflexión sobre qué circunstancias les habían conducido a esa situación.

La voluntad era crear conciencia acerca de su problemática particular, pero a la vez pensarlo en términos colectivos. Siempre, por razones particulares, pero también propias de formación, he pensado que los análisis y actuaciones frente a fenómenos sociales que no podemos comprender exclusivamente como individuales, precisan de perspectiva comunitaria que guíe nuestras respuestas.

Para muchos, era evidente que las políticas de drogas, y en concreto las de tipo preventivo, cuando no habían abandonado a su suerte a jóvenes que se iniciaban en el uso de drogas, a menudo habían contribuido a incrementar su situación de riesgo. Se trataba de responder, ¿cómo me hubiera gustado ser informado y tratado desde el ámbito de políticas y de salud? ¿qué nos gustaría decirles a otros y otras que se iniciaran en el consumo?

¿Cómo fueron recibidas vuestras propuestas en los ámbitos sanitarios?

Hallamos entre los profesionales de la salud opiniones divergentes sobre la eficacia y la ética de las estrategias de reducción de riesgos y daños que generaron ciertos debates y tensiones en la formulación de políticas de salud pública que proponíamos. Pero lo cierto es que, en el ámbito asistencial, la reducción de daños ya había hecho hueco ante la grave problemática de sobredosis y contagio de VIH vivida en el consumo de heroína. Así pues, encontrábamos también alianzas institucionales y profesionales en nuestra apuesta preventiva y contábamos con el apoyo de nuestra organización (ABD – Asociación Bienestar y Desarrollo). Se trataba a veces más de romper miedos y dar seguridad de que nuestra propuesta era no solo razonable por ser realista y pragmática, sino también sensata. Hay que tener en cuenta que, aunque Energy Control empezó a desarrollar mucha actividad desde 1997, los abordajes de reducción de riesgos hacia poblaciones de uso recreativo no se recogen en la Estrategia Nacional sobre Drogas de España de 2009.

Energy Control comenzó a popularizarse realizando controles de calidad y dosificación de drogas en las llamadas free parties y raves, con carpas atendidas por profesionales y entusiastas voluntarios. ¿Cómo fue esa rápida confianza de los jóvenes con vuestra organización?

Energy Control y su propuesta comunicativa llegaron justo cuando más era esperada. Por ello, la recepción por parte de los destinatarios y la confianza establecida con ellos fue muy rápida. Nuestra propuesta siempre ponía por delante tratar a las personas como individuos capaces de entender sobre drogas y de tomar decisiones responsables. Por lo tanto, éramos muy sensibles a escuchar los intereses y preocupaciones que nos comunicaban, y entre ellas estaba saber de la composición de las sustancias. ¿Cómo podían tomar decisiones prudentes sobre sustancias cuya pureza y contaminantes desconocían? Es por eso que, en menos de un año desde el inicio, pusimos en marcha el test de drogas.

Aunque al principio nuestros recursos fueran rudimentarios mediante colorimétricos, pronto logramos que los stands se llenaran de personas dispuestas a informarse y a analizar. El simple hecho de ofrecer análisis nos permitía fácilmente triplicar nuestra capacidad de contacto con personas, no solo para probar sus sustancias, sino también para ofrecerles información y consejos sobre reducción de riesgos en su consumo.

¿Cómo ves la situación concreta en el Estado Español, actualmente? En referencia a la situación legal del consumo de drogas. ¿Podemos tomar como ejemplar la política de algún país?

Desde una perspectiva aperturista, e incluso favorable a la regulación de drogas, la situación en España actualmente es mixta. Si bien el consumo personal de drogas no está penalizado, la producción, distribución y venta de muchas drogas sigue siendo ilegal, lo que perpetúa un mercado negro y conlleva riesgos de salud pública y seguridad. El sistema criminógeno sobre el consumidor está situado fuertemente en sanciones severas por la tenencia de sustancias en vía pública.

Sin embargo, España ha implementado algunas políticas de reducción de daños, y en especial en territorio catalán, como son programas de intercambio de jeringuillas y la distribución de naloxona para prevenir sobredosis de opioides, salas de consumo supervisado o el propio desarrollo del análisis de sustancias, entre otras iniciativas, lo cual refleja un enfoque más pragmático hacia el consumo de drogas.

En cuanto a ejemplos a seguir, me inclino por países como Canadá que ha adoptado una política comprensiva y centrada en la salud pública hacia las drogas, lo que ha resultado en ventajas significativas. La legalización del cannabis en 2018 ha permitido regular su mercado, reduciendo el comercio ilegal y aumentando los ingresos fiscales. Además, Canadá ha implementado estrategias de reducción de daños, y un proceso importante por despenalizar sustancias. El país también ofrece tratamiento basado en la evidencia y programas de rehabilitación para abordar las adicciones, reconociendo que el consumo problemático de drogas es un problema de salud pública que debe abordar las causas subyacentes de la adicción, como la pobreza, la falta de vivienda y los problemas de salud mental. En resumen, estas políticas han mejorado la salud y el bienestar de las comunidades canadienses.

En resumen, aunque España ha tomado medidas en la dirección correcta con respecto a la reducción de daños, aún existe espacio para una mayor reforma hacia políticas de regulación más comprensivas y basadas en la salud pública.

A raíz de la muerte de dos guardias civiles, cuya lancha neumática fue embestida por una potente planeadora de traficantes de hachís en el interior del puerto de Barbate (Cádiz), estos días se ha reavivado la polémica en torno a la situación en el Campo de Gibraltar. Si exceptuamos las declaraciones del alcalde de La Línea de la Concepción, que ha sugerido una posible legalización del hachís, todo el mundo se ha lanzado a exigir más medios materiales y humanos para atajar el problema. ¿Desde tu experiencia, cómo contemplas todo este asunto?

Mientras persista la responsabilidad de combatir el narcotráfico, es comprensible que la policía demande más y mejores recursos. Sin embargo, es evidente que, incluso con estos esfuerzos, siempre estarán considerablemente por detrás en comparación con las organizaciones criminales dedicadas a este lucrativo negocio. Este desequilibrio se agrava por la existencia de aspectos estructurales que favorecen el narcotráfico, como territorios empobrecidos con altos índices de desempleo, bajos ingresos medios y escasas perspectivas de futuro. Estas condiciones son ideales para el florecimiento de una economía sumergida, incluso si es de naturaleza criminal.

Además, la prohibición y persecución del tráfico de drogas a menudo resultan ineficaces frente a un negocio tan rentable como el del hachís. Por ejemplo, en Marruecos se producen miles de toneladas de esta sustancia, y actualmente, la entrada de cocaína por el sur de España también está en aumento. Incluso si se lograra avanzar en la dificultad del tráfico, es muy probable o seguro que el mercado de cannabis se sustituya por cannabinoides sintéticos, lo que plantearía mayores riesgos para la salud pública.

Es ampliamente reconocido que la única manera efectiva de combatir este tráfico es separarlo de la criminalidad. Esto podría lograrse mediante una regulación que permita al Estado controlar la producción, el transporte y el acceso a la sustancia en condiciones de máxima seguridad y protección de la salud pública.

¿Cómo ves la proliferación durante estos últimos años de las llamadas research chemicals?

La proliferación de las research chemicals, o más concretamente lo que llamamos Sustancias Psicoactivas (NPS), constituye una preocupación importante en el ámbito de la reducción de riesgos y daños. Estas sustancias, que a menudo son diseñadas para imitar los efectos de drogas ilegales, pero con composiciones químicas diferentes para evadir la legislación, plantean serios riesgos para la salud pública. Debemos tener en cuenta que existe un conocimiento limitado sobre los efectos que producen en la salud de las personas, y muy a menudo estas sustancias se encuentran como adulterantes, lo que significa que la persona consumidora no tiene conocimiento previo de lo que está consumiendo, aumentando así el peligro de sobredosis, efectos secundarios impredecibles y daños.

Es crucial abordar este problema desde una perspectiva multidimensional que incluya la educación sobre los riesgos asociados con estas sustancias, un sistema de monitorización y detección cercano a los contextos de consumo para alertar a posibles consumidores, y la promoción de prácticas de reducción de riesgos en caso de que se llegue a consumir estas sustancias.

La rápida evolución de estas sustancias y su capacidad para eludir la legislación existente presentan desafíos significativos y cuestionan el modelo de regulación penal de drogas. Es necesario sopesar los riesgos para la salud pública, las consideraciones legales y la efectividad de enfoques regulatorios alternativos.

En tu opinión, ¿qué futuro les aguarda a las políticas de reducción de riesgos y daños en materia de drogas?

La gestión de riesgos seguirá siendo un requisito fundamental en los enfoques de salud pública y atención dirigidos a las personas que consumen sustancias. Y ante la tendencia internacional del aumento en los consumos y la aparición de nuevas drogas más potentes y riesgosas, surge un desafío aún mayor en cuanto a la capacidad de adaptación y desarrollo de estas políticas.

En el futuro la reducción de daños pasará cada vez más por el establecimiento de diversidad de espacios seguros y supervisados, donde las personas puedan consumir sus propias sustancias en entornos seguros y supervisados, con la presencia de profesionales capacitados para intervenir en casos de emergencia. Además, se promoverán más los servicios de control de drogas, permitiendo que el público analice las sustancias que planean consumir, mientras reciben asesoramiento y derivaciones a otros recursos de apoyo. Asimismo, se impulsarán respuestas innovadoras como el «suministro más seguro», proporcionando sustancias, bajo control de producción y farmacéutico, a personas con dependencia, para reducir los riesgos asociados con la adulteración de drogas. Y todo esto se llevará a cabo en un contexto donde se desafíe activamente el estigma que enfrentan las personas que consumen drogas, reconociendo el papel crucial que desempeña el estigma en la perpetuación de la marginalización y la dificultad para acceder a servicios de salud y apoyo adecuados.

Por otro lado, especialmente en lo que concierne a personas con uso problemático de drogas, es plausible que los enfoques de reducción de daños más centrados en la prevención de sobredosis y la transmisión de enfermedades infecciosas, sean desplazados gradualmente por un modelo más integral. Este modelo integral debería abordar las dimensiones de justicia social para mejorar las condiciones de vida de las personas, sus familias y la comunidad, incluyendo sus necesidades de vivienda e inclusión. Sin estas consideraciones, la reducción del consumo o su abandono se convierten en metas difíciles de alcanzar, lo que agrava significativamente el impacto del consumo en términos de salud.

Es evidente que enfoques limitados de salud pública, que no abordan adecuadamente las necesidades de la comunidad, junto con la persistencia del estigma y la discriminación social, pueden obstaculizar o retardar los avances necesarios en el campo de la reducción de daños. En tales circunstancias, serán las áreas menos preparadas las que sufrirán en mayor medida una crisis de salud pública. Es esencial reconocer que una comprensión integral de las necesidades de la población, junto con medidas efectivas para abordar el estigma y la discriminación, son fundamentales para promover la salud y el bienestar de todos los individuos en la comunidad.

……………………………….

Podemos seguir charlando, Josep, nos encanta conocer miradas diversas sobre el peliagudo asunto de las drogas, pero podemos detenernos aquí y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones. Es un placer saber algo más sobre Energy Control y vuestro criterio con respecto a los temas hablados. ¡Hasta pronto!